Implicadas en el reciente DNU 690, que congeló las tarifas de internet, telefonía fija y móvil y TV paga y los declaró “servicios públicos esenciales en competencia”, las cooperativas del sector salieron a poner sobre la mesa una serie de puntos que hacen a su naturaleza de empresas sin fines de lucro, arraigadas desde hace 60 años en distintas localidades del país donde dan servicios a unas 2 millones de personas.
Las entidades de segundo grado que las representan, todas ellas asociadas a la Confederación Cooperativa (Cooperar), se habían reunido la semana pasada con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, para afinar la reglamentación de la norma sobre el universo de la economía social.
Dos de esas federaciones, Fecotel y Fecosur, elevaron en las últimas horas una carta a Ambrosini; a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; y al subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Argentina, Martín Olmos, para expresar algunas inquietudes referidas a los precios, inversiones y desarrollo de infraestructura.
Concretamente, esas dos entidades pidieron “que se admita, oportunamente, mecanismos que permitan aumentar los precios de los servicios en cooperativas, si los costos de los mismos superan a los ingresos, con el fin de asegurar la continuidad” de los servicios.
Además, solicitaron acceso a aportes no reembolsables “a través de un proceso adecuado al sector cooperativo”, para continuar desplegando redes “y así llegar a más personas con mejores servicios” bajo la lógica de la convergencia; y que “se promuevan los marcos tendientes que permitan a las cooperativas entrar al segmento móvil 4G y, oportunamente -cuando se determine- 5G, en forma sustentable”.
En la comunicación a las autoridades aprovecharon para ratificar la necesidad de proteger las inversiones en la infraestructura de cooperativas que han desarrollado redes de nueva generación, en especial redes de fibra óptica, y destacaron el rol de Arsat en el acceso de las cooperativas a su aprovisionamiento de internet. “Estimulamos la continuidad de su política de precios como moderador referencial”, señalaron respecto de la empresa con mayoría estatal.
“Las cooperativas crean puestos de trabajos en las localidades donde operan y generan oportunidades de desarrollo de esas economías a través de los servicios TIC. Dan trabajo a unas 9.000 personas en forma directa y a unas 36.000 en forma indirecta”, puntualizaron.
“En cada localidad, contribuyen significativamente con el desarrollo socio económico brindando internet a escuelas, hospitales, organismos de la administración pública, bancos, empresas y a los múltiples actores interesados e involucrados en una sociedad y economía cada día más dependiente de la conectividad esencial, empezando hoy por casa.”
Según estas federaciones, las cooperativas “están especialmente preparadas para contribuir a reducir la brecha digital y a través de eso sumar más servicios, satisfacer un creciente número de necesidades”, en un mercado “dominado por tres operadores incumbentes, Telecom, Telefónica y Claro”.
Las cooperativas, explicaron, tienen una escala más de mil veces menor, además de contar con menores ingresos y estar expuestas al poder negociador de las más grandes, en algunos casos por necesitar de su conectividad. “Esto muestra la enorme asimetría de poder y de escala entre incumbentes y cooperativas.”
Otras entidades que agrupan a cooperativas prestadoras de estos servicios también se pronunciaron luego de la publicación del DNU 690. Colsecor, en un comunicado emitido el 28 de agosto, inscribió la decisión del Gobierno “en una situación de excepción” generada por la pandemia.
“Nos parece razonable, en términos de equidad e igualdad, que haya políticas públicas que construyan las condiciones de accesibilidad a la conectividad”, señalaron, pero expresaron preocupación por cómo afectará la norma a las cooperativas, que funcionan bajo la lógica de la autogestión de los servicios “producto de la pertenencia de las personas a la entidad, que se estructura bajo los principios y valores de la economía social”.
Finalmente, abogaron por “políticas públicas estables que permitan superar la desigualdad social y geográfica, compensar las asimetrías existentes y que se promueva una verdadera integración federal en las comunicaciones.”
