La luz de alarma se encendió en todo el movimiento cooperativo luego de conocerse que el proyecto de Ley Impositiva 2017 en la Provincia de Buenos Aires pretendía reemplazar, para todo tipo de cooperativas, la no sujeción de las operaciones que realicen con sus asociados por una simple exención en el impuesto sobre los ingresos brutos.
Inmediatamente comenzaron las gestiones de la dirigencia cooperativa local para frenar una iniciativa contradictoria con la constitución provincial, que en su artículo 41º «fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza».
Esas tratativas, que incluyeron reuniones con altos funcionarios ejecuivos y legislativos del gobierno provincial, fueron respaldadas por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), que también firmó un documento junto con la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Confederación Nacional Interfederativa de Cooperativas Eléctricas (Conaice) y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).
En el comunicado se advirtió a los legisladores que «resulta manifiestamente inconstitucional» la propuesta de modificación de los artículos 125 y 128 (inciso f) de la Ley Impositiva, y reclamaron mantener la legislación vigente de acuerdo con el artículo 186 (inciso f) del Código Fiscal.
Se les recordó, además, que en línea con la Carta Magna el propio Parlamento bonaerense aprobó por unanimidad en 2005 la ley nº 13.360, que entre sus disposiciones instituye la no sujeción en el impuesto sobre los ingresos brutos de los actos cooperativos, es decir, las operaciones realizadas entre las cooperativas y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales.
Durante la anterior gestión, el Poder Ejecutivo había intentado en tres oportunidades (octubre 2011, abril 2012 y octubre 2014) transformar en exención la no sujeción del acto cooperativo en el impuesto sobre los ingresos brutos. Ninguno de esos intentos tuvo éxito porque los legisladores fueron conscientes que se pretendía vulnerar un precepto constitucional.
Al cierre de esta edición, si bien el texto legislativo no había sido tratado en el recinto, la dirigencia sectorial ya había recogido el compromiso de los distintos bloques de no avanzar con la propuesta de reforma en contra de las cooperativas.
