Las comunicaciones son estratégicas para el bienestar social, el crecimiento cultural, el desarrollo económico y la cohesión territorial, mucho más en el marco de la Sociedad de la Información.
Con ese diagnóstico, Colsecor dio el puntapié hace algunas semanas para discutir la regulación venidera en materia de comunicaciones. Convergencia es probablemente el término más significativo en este debate.
Sin embargo, se trata no solamente de atender las circunstancias relativas al vertiginoso avance tecnológico de las últimas décadas sino de cómo se regulará y se impulsarán políticas públicas que aseguren la democratización en el acceso, la producción y la distribución de los múltiples servicios que pueden hoy llegar al hogar por fibra óptica.
La apuesta es entonces -de acuerdo con el documento de Colsecor- aprovechar la convergencia de las comunicaciones «en beneficio del conjunto de las personas que habitan el país, en un desarrollo armónico y con una agenda que comprenda y ejercite plenamente esos derechos».
¿Qué se propone como política de Estado? «Asegurar en una futura ley de comunicaciones convergentes el acceso, distribución y participación plena a los recursos de información y comunicación, velando por la equidad, la integración y la igualdad en un país con fuertes fracturas sociales, económicas, geográficas y culturales.»
Hasta el momento, no hay señales firmes de cómo se moldeará el proyecto de ley que dejará definitivamente caducas a dos leyes icónicas del período anterior: las llamadas «de Medios» (26.522) y la de «Argentina Digital» (27.078).
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) -que ya subsumió a las viejas Afsca y Aftic- dio vida en marzo a una comisión encargada de redactar el nuevo texto legislativo, coordinada por la ex diputada Silvana Giudici.
Hasta el momento el producto más sobresaliente fueron 17 principios que regirán la futura legislación, emanados tres meses después de la constitución de esa comisión.
Las entidades cooperativas le pidieron al propio presidente del Enacom, Miguel de Godoy, y a funcionarios intermedios ser tenidas en cuenta antes de enviar el proyecto al Congreso.
Aún no hay respuestas ni propuestas concretas por parte del sector público, aunque las declaraciones de ministros y otras figuras de alto rango en el gobierno nacional van en la dirección deseada.
“El Estado no puede estar fuera de este importante rol de garantizar que todos los argentinos puedan conectarse y comunicarse, ya que las tecnologías de las comunicaciones son una oportunidad para el desarrollo y la democratización”, señaló el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al cerrar uno de los debates académicos promovidos por la comisión redactora, a fines de octubre.
En distintos encuentros convocados por el sector cooperativista y pyme en general, los mensajes fueron homogéneos. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se encargó de considerarlas «insustituibles» y las ponderó como «aliadas estratégicas del Gobierno frente a las grandes corporaciones», durante la apertura en el congreso de Fecotel, a fines de julio.
Su yerno y director de Arsat, Rodrigo de Loredo, expresó en reiteradas oportunidades que el Plan Federal para llevar internet de calidad a más de mil localidades de todo el país está «a disposición de cooperativas y pymes, con una tarifa plana y competitiva para que juntos podamos disminuir la brecha digital y potenciar la actividad productiva, económica, cultural y educativa de nuestros pueblos y ciudades». Calificó, por si quedaran dudas, a la iniciativa oficial como «un proyecto cooperativo».
Durante el Congreso de Fedecoba, a comienzos de septiembre, el vicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar, celebró la unanimidad con la que los directivos de más de 100 cooperativas bonaerenses respondieron a su inquietud de cuántos de ellos estaban encarando proyectos de modernización en sus redes para llevar el adelanto a sus localidades.
«Nacieron en los páramos, alejados de las rutas principales, adonde nadie quería brindar servicios. Lo hicieron sin monopolio, sin clientes, sin mercado protegido, sin rebalanceos tarifarios. Nadie les regaló nada», reconoció. Respecto de la normativa por venir, auguró que «en las localidades chicas (de menos de 70 o 50 mil habitantes) compitan entre sí pero que no estén en el mismo ring con los grandes.»
Después de subrayar la necesidad de proteger a los prestadores más pequeños y, principalmente, al usuario final (que mediante las cooperativas es el propio gestor del servicio), finalmente Aguiar sintetizó el espíritu que la administración de Cambiemos intenta dar al nuevo escenario comunicacional, con la mínima intervención del Estado posible: «La verdadera regulación siempre es competencia. Por eso la primera política es competencia, la segunda es más competencia y la tercera, más competencia todavía.»
Las entidades que participan en la comisión de TIC de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Fecotel, Fecosur, Catel, Colsecor, Fedecoba y Facttic, entre ellas) relevaron durante 45 días los proyectos que tienen sus empresas asociadas.
Formadas por los propios usuarios para auto-prestarse servicios públicos esenciales desde hace décadas, la mayoría ya empezó a intervenir activamente en el mercado de las telecomunicaciones y, en algunos casos, fueron a la vanguardia con plataformas como IPTV (contenidos de televisión distribuidos por protocolo de internet).
Estas cooperativas abastecen a localidades que, en su conjunto, suman más de 1.300.000 personas. Su diversidad es geográfica (algunas se encuentran en la Patagonia, otras en el Norte, la mayoría en la zona Centro) y de tamaño (las hay de 80 mil usuarios o de menos de mil).
El relevamiento es unas de las bases sobre la que les serán otorgados los préstamos para proyectos vinculados al Plan Federal de Internet, que serán subsidiados en ocho puntos de la tasa de interés con fondos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) canalizados por Cooperar y ejecutados por entidades financieras del propio sector.
Este beneficio, que impone un plazo de 18 meses de devolución, será monitoreado por una comisión de Seguimiento integrada por tres representantes de la Confederación y tres del Inaes.
En la ventanilla del Enacom, mientras tanto, las cooperativas esperan recibir algunos recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal, constituido por las propias licenciatarias para sostener la llegada de las telecomunicaciones a zonas, servicios y segmentos de clientes no rentables.
Tras larga espera, el ente nacional abrió una licitación para presentar proyectos vinculados a la universalización del acceso la Banda Ancha o a la extensión de redes existentes. Fue publicada el 24 de octubre en el Boletín Oficial, con treinta días corridos como plazo para efectuar la presentación.
