Gravar con ganancias a las empresas de la economía solidaria es desconocer su carácter no lucrativo, poner en peligro su capacidad de formación de patrimonio social al servicio de la comunidad e ignorar los acuerdos parlamentarios sostenidos desde 1986 al aprobarse la ley 23.427.
Esos son los argumentos que las entidades representativas del sector pueden esgrimir ante una nueva iniciativa del oficialismo para aplicarles vía legislativa el impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales.
En principio, tal como propuso a fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda pretende que sean gravadas las entidades de seguros y de crédito pero, de aprobarse el proyecto, queda la puerta abierta para futuros gravámenes a todas las empresas sin fines de lucro.
En efecto, la cooperativa no tiene como objeto la maximización de la retribución al capital sino minimizar los costos del servicio que brinda al asociado. Además, los excedentes repartibles, esto es, lo que vuelve al asociado ya sea en efectivo o en acciones, ya están gravados por el impuesto a las ganancias..
También existe la contribución especial sobre el patrimonio neto, creada por ley 23.427 y prorrogada en diciembre del año pasado por ley 27.432. Ese tributo fue creado en 1986 a modo de compensación por el tratamiento diferenciado con que cuentan las cooperativas.
«El Estado debe tratar a las cooperativas como empresas sin fines de lucro. Siempre hemos contribuido y más aún en momentos difíciles pero se debe respetar nuestra naturaleza jurídica. No podemos aceptar nunca que se nos grave con impuesto a las ganancias», señaló el presidente de Cooperar, Ariel Guarco.
“No podemos aceptar nunca que se nos grave con impuesto a las ganancias”
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