“Hace 200 años se quiere solucionar el delito con más cárceles, con más gente presa, pero el delito no baja. En algo estamos fallando”, señaló el cooperativista Julio Fuque.
Es uno de los fundadores de Kabrones, pionera en impulsar la autogestión en contexto de encierro. Junto a otros compañeros de la unidad penal Nº 12 de Gorina, allá por 2009, recogió el guante que un grupo de operadores psicosociales les había facilitado y armó esta cooperativa textil, que hoy vende productos de calidad al sector público y privado.
Apuntalada desde un inicio por la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), esta y otras 40 empresas fueron fundadas por los propios internos de distintas cárceles a lo largo y ancho del país.
“El índice de reincidencia es casi cero”, aseguró Fuque, en una entrevista con la radio AM 750, el jueves 27 de enero. Dos días antes, le había contado la historia al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak.
Lo acompañaron en esa oportunidad el presidente de la Confederación Cooperativa Cooperar, Ariel Guarco, quien también lidera la Alianza Cooperativa Internacional; autoridades de la Fecootra, la senadora provincial Agustina Propato, y el presidente del Inaes, Mario Cafiero.
Todos, incluso Alak, coincidieron en la validez de este tipo de experiencias para lograr una efectiva reinserción sociolaboral de quienes salen de las cárceles, las cuales, por otro lado, están sobrepobladas.
A mediados de enero, la Comisión Provincial de la memoria informó que entre 10 y 15 mil personas podrían ser excarceladas y cumplir otro tipo de condenas para descomprimir la situación de hacinamiento en los penales. El propio gobernador, Axel Kicillof, advirtió al asumir que la cantidad de personas detenidas en las cárceles duplica la capacidad. En las comisarías, la superpoblación llega al 160 por ciento.
Para resolver este problema se están tejiendo acuerdos entre el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, además de ciertos sectores de la sociedad civil, como los organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica.
En este escenario, Alak recibió del movimiento cooperativo una propuesta convincente, eficaz y transparente, ya que las más altas autoridades sectoriales están comprometidas en el asunto.
“Hablamos de cambiar el paradigma de hacinamiento dentro de las unidades carcelarias”, expresó Fuque, quien contó la transformación que vivieron él y sus compañeros.
“Toda la inteligencia que teníamos para hacer daño hoy la volcamos para ayudar a la gente. Si antes usábamos nuestras manos para destruir, hoy las usamos para construir y ayudar a tener una sociedad más justa.”
La expectativa es que se sumen a este compromiso los sindicatos, las cámaras empresarias, las universidades y los gobiernos a nivel provincial y nacional, entre otros.
“Queremos que la cárcel sea un lugar de reinserción más que un lugar de castigo, donde podemos devolver a la sociedad ciudadanos comprometidos. No que una persona entre por robar una bicicleta y salga preparado para robar un banco”, definió Fuque.
