Por José Néstor Lino*.- La necesidad de regular con una ley consensuada, previamente debatida y estudiada por parte de todos los sectores interesados es parte de las demandas que hemos planteado al Poder Ejecutivo Nacional desde que a principios de 2016 el presidente Mauricio Macri dijo que las modificaciones a las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones que instrumentaba por decreto eran transitorias y que el compromiso del gobierno nacional era elaborar de modo participativo una nueva norma, moderna, convergente y plural, para enviarla como propuesta al Congreso.
La Argentina tiene la oportunidad y el potencial para aprovechar la convergencia de las comunicaciones en beneficio del conjunto de las personas y del desarrollo armónico del país en una agenda que comprenda y ejercite plenamente esos derechos. Pero ello no ocurrirá naturalmente sin políticas públicas acordes con los desafíos inéditos de la etapa actual.
El Estado tiene un rol que asegurar en una futura ley de comunicaciones convergentes. Ese rol es el de garantizar acceso, distribución y participación plenas a los recursos de información y comunicación, velando por la equidad, la integración y la igualdad en un país con fuertes fracturas sociales, económicas, geográficas y culturales. La sociedad argentina cuenta con un valioso capital de organización en torno de esos objetivos. Ejemplo de ello ha sido la creación de asociaciones cooperativas cuando el Estado no proveyó servicios esenciales para garantizar condiciones de vida digna, ha cultivado diferentes formas de cooperación, economía solidaria y responsabilidad mutua para la prestación de los servicios de comunicación que genera decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y atiende a cientos de ciudades y pueblos.
El sector cooperativo demostró que, con vocación de servicio público, se puede desarrollar la infraestructura imprescindible para las comunicaciones, como cuando comenzaron a proveer servicios de televisión por cable y de conexión a Internet a pesar de que las asimetrías de todos esos sectores representaron obstáculos en términos de tarifas de interconexión nacional e internacional; o, en el caso de la televisión por cable, cuando lograron brindar el servicio a precios razonables aún con el obstáculo de discriminación en el acceso a contenidos de interés relevante para el público por parte de actores con posición dominante en ese sector. Esperamos que el compromiso del gobierno reconozca los aportes de los diferentes actores en beneficio del crecimiento de la sociedad.
«El sector cooperativo demostró que, con vocación de servicio público, se puede desarrollar la infraestructura imprescindible para las comunicaciones.»
