Si bien el panorama varía de acuerdo con cada marco normativo local, el escenario en términos generales tiene a las cooperativas en medio de la necesaria actualización tarifaria encarada por el Gobierno Nacional y el enojo de los vecinos por la forma en que impactan los aumentos.
Los dirigentes sectoriales recordaron en estas semanas, tanto a sus asociados, como a funcionarios y medios de comunicación, que estas empresas prestan el servicio con costos mayores que los monopolios de las grandes urbes debido a la menor densidad demográfica.
De esta manera, continúan haciéndose cargo de la iniciativa de autoprestarse energía, gas, agua, telefonía y otros servicios que tuvieron los propios habitantes de más de 600 localidades cuando ni el Estado ni las firmas lucrativas querían distribuir energía en esos lugares. Hoy más de 7 millones de argentinos son abastecidos por las cooperativas.
Responsables políticos y técnicos de las federaciones argumentaron que, en realidad, la distribución se encareció alrededor de quince veces desde la salida de la Convertibilidad. Durante los últimos doce años, el congelamiento tarifario agravó el panorama, que no mejoró aún con el Programa de Convergencia propuesto en 2014 y por el cual aún el Estado adeuda fondos a las cooperativas.
El “sinceramiento” propuesto a comienzos de año por el Gobierno Nacional abrió expectativas pero también generó incertidumbre por la manera en que se implementaría. En efecto, en varias localidades los usuarios asociados protestaron por el golpe al bolsillo.
En provincias con mucha presencia de cooperativas de servicios públicos –entre ellas, La Pampa, Santa Fe y Córdoba- la situación se tornó problemática. En esta última, distintas entidades de segundo grado emitieron un “alerta y deliberación permanente” ante la “crítica situación” del sector, que pone “en estado de vulnerabilidad el normal funcionamiento de los servicios brindados en el territorio provincial”. (Fotito: Declaración_CBA)
Entretanto, la Universidad Nacional de Río Cuarto está encarando un informe técnico sobre las características que debería tener un fondo compensador, ya que desde agosto de 2000 al último febrero, la empresa provincial (Epec) aumentó un promedio del 1000% y la energía del mercado eléctrico mayorista subió 900%, mientras las cooperativas llevan un considerable atraso.
Carta a Vidal
En la Provincia de Buenos Aires, se reunieron directivos de la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), la Cooperativa de Provisión de Servicios a Cooperativas (CRECES), la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (FEDECOBA) y la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas (FICE).
Como corolario del encuentro, realizado el 8 de junio en Azul, le reclamaron en una carta a la gobernadora, María Eugenia Vidal, que declare el Estado de Emergencia del sector de distribución de la energía eléctrica en las áreas de concesión de las cooperativas, luego de un fallo del juez Arias que dejó en suspenso el aumento en las facturas a los usuarios finales.
Estas empresas representan casi la totalidad de concesionarias municipales de distribución de energía eléctrica, al prestar el servicio esencial en más de 240 localidades donde habitan unos tres millones de bonaerenses.
“Entendemos que (Arias) podría desconocer los alcances de su fallo, el cual acatamos, pero usted, cabalmente puede comprender los efectos de tal decisión, puesto que retrotraernos a la aplicación del cuadro tarifario definido en la Resolución MI N° 243/2012 y complementarias, que refleja los costos reconocidos hace ya cuatro años”, expresaron las cooperativas a Vidal.
Entre las consecuencias de la decisión del juez, subrayaron la imposibilidad de hacer frente al pago de los costos de abastecimiento, en tanto el cuadro tarifario vigente, publicado en julio de 2012, trasladaba precios de energía -que el distribuidor compra para, a su vez, vender a sus propios usuarios- del orden de un tercio de los definidos por la resolución resolución 6/16 del Ministerio de Energía, que rige actualmente.
En segundo lugar, señalaron la imposibilidad de hacer frente a inversiones y pago a proveedores, ya que “todo cuadro tarifario permite trasladar al usuario final y en su debida proporción los costos de abastecimiento y los costos de la actividad del Distribuidor (Valor Agregado de Distribución – VAD), entre ellos la inversión en redes”.
Como complemento de esta situación, alertaron que no pueden hacer frente al pago de compromisos paritarios ni cumplir en tiempo y forma con las obligaciones impositivas. Los Planes Estímulo y de Tarifa Social, para beneficiar a ciertos usuarios residenciales, también corren peligro.
“El acatamiento del fallo implica que estos nuevos beneficios desaparezcan.
Es de prever reacciones de nuestros usuarios en este sentido, que no podremos gestionar de modo alguno.”
En la misiva dirigida a la mandataria recordaron, además, que aún existen deudas del Estado hacia las cooperativas por obras declaradas y no cobradas en el marco del Programa de Convergencia presentado por la gestión anterior.
Sugerencias
Las entidades reunidas en Azul deslizaron algunas acciones que el Estado provincial podría encarar para aliviar la situación, al menos mientras se mantuviera vigente el fallo de Arias. Entre ellas, otorgar subsidios a los distribuidores municipales en equivalencia a los ingresos perdidos y liberar a las cooperativas del pago de impuestos provinciales por el mismo lapso de tiempo.
Firmaron el documento los directivos Nicolás Ambrosius (APEBA), Roberto Rodríguez (CRECES), José Luis Hermida (FACE), Ariel Guarco (FEDECOBA) y Roberto Otero (FICE).
