Por Gustavo Sosa*.- Tomamos el concepto de cooperativa social de la experiencia italiana, la cual se originó en la década del 70 del siglo pasado durante el proceso de desmanicomialización iniciado en el norte de ese país, extendiéndose luego a otras actividades y diversas regiones del planeta, bajo otras denominaciones.
CICOPA las ha caracterizado como «cooperativas especializadas en el suministro de servicios sociales o en la reinserción de personas desfavorecidas y marginadas”.
En Argentina existen decenas de experiencias cuyas actividades se centran en la inserción al trabajo, los apoyos a las personas con discapacidad, así como el cuidado y la atención de los infantes y de los adultos mayores.
En todos estos casos encontramos propuestas innovadoras del cooperativismo a varias de las principales problemáticas que afectan nuestras sociedades (la falta de trabajo, la cuestión del cuidado y el trabajo no remunerado que recae mayormente en la mujer, el abordaje de la salud mental, la inclusión de sectores de la población en situación de vulnerabilidad, etc.).
Son experiencias se relacionan fuertemente con la concreción de diversos derechos cuyo goce el Estado se encuentra obligado a garantizar, ya sea por sí mismo o estableciendo marcos que faciliten el surgimiento y desarrollo de estas experiencias.
Estas cooperativas no son creadas por una política pública en particular. Son proyectos que la propia sociedad ha ido gestando para resolver sus propias problemáticas. Así como surgieron en diversos momentos de nuestra historia las cooperativas agropecuarias, de servicios públicos, de consumo, de crédito, entre otras, como formas concretas de resolver los problema de la comunidad de manera autogestionada, en los últimos años han venido surgiendo iniciativas del cooperativismo de trabajo que englobamos bajo el título de cooperativas sociales, lo cual seguramente requerirá una mejor caracterización y apropiada denominación, conforme se avance en el armado de una propuesta normativa específica para estas entidades.
Sí es necesario destacar que el desarrollo de estas cooperativas depende fuertemente de políticas públicas que estimulen su generación, crecimiento y continuidad. Es por todo ello que la Universidad pública está acompañando al movimiento cooperativo en la sistematización y análisis de experiencias y en la construcción del actor social.
