La Confederación Cooperativa (Cooperar) alertó en las últimas horas que, si se aprobara la denominada Ley Hojarasca propuesta por el gobierno nacional, las cooperativas deberán incorporar los edificios y las construcciones al momento de calcular el capital en base al cual pagan la contribución especial de la ley 23.427.
Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la nueva norma apunta a suprimir leyes «inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades», en base a detectar «procesos inexistentes o a organismos disueltos” presentes en la normativa.
Sin embargo, los primeros cuatro artículos de la ley 11.380 fueron eliminados por en el Digesto Jurídico Argentino aprobado en 2014. Solo quedó vigente –como Ley D-0161– el artículo 5º, que mantiene la exención original de edificios y construcciones como parte del activo al momento de calcular la contribución especial.
Este criterio había sido respetado al aprobarse la 23.427 -en 1986- y ratificado en cada una de las sucesivas prórrogas de la vigencia de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas que dicha ley establece.
Una exención que posibilita el arraigo y la inversión a largo plazo
Cooperar advirtió que el cambio propuesto cambiaría radicalmente el tratamiento de las cooperativas multiplicando enormemente su aporte tributario, en virtud que gran parte del capital de estas entidades está constituido por edificios y construcciones, debido a su vocación de arraigo en cada comunidad y su visión de largo plazo.
«El desarrollo del cooperativismo ha significado el desarrollo en cada comunidad donde se encuentra presente, en algunos casos a lo largo de más de un siglo. Y por ello es merecedor de normas que procuren mantener esa vocación de invertir en el territorio y generar trabajo genuino, como lo pensaron los legisladores hace casi un siglo en esta ley que se pretende derogar», señaló la Confederación en un mensaje que fue girado a los diputados.
El texto agrega otra inquietud: el presupuesto 2026 expresa que los ingresos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por la contribución especial ($ 83.489 millones) más que cuatriplican los gastos autorizados al Instituto ($ 18.871 millones), quedando en consecuencia sin utilizar las tres cuartas partes
de sus ingresos, que son de aplicación específica.
“Esperando que lo comentado respecto al proyecto en cuestión haya sido producto de un descuido y no de un sesgo anticooperativo que pretenda romper como simple hojarasca consensos forjados desde hace un siglo, reclamamos que el Congreso rechace la derogación de la Ley 11380 que solo implica más impuestos y menos seguridad jurídica”, señaló Cooperar.
