Propuesta y señales de alerta en el Congreso Nacional

La Confederación Cooperativa viene realizando un fuerte trabajo de incidencia sobre la agenda legislativa, que incluye varios temas de interés para las asociadas. Hay preocupación por iniciativas que no contemplan debidamente a este tipo de empresas.

Cooperar y otras entidades que representan a la economía sin fines de lucro vienen realizando un fuerte de trabajo de incidencia en materia legislativa, a través de la activa participación en las reuniones de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados y de la de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la Nación.
De esa manera, se expuso en distintas instancias el posicionamiento de la Confederación respecto a distintos proyectos de interés para el sector cooperativo, así como también se alertó a los legisladores sobre algunas falencias en propuestas que afectan a este tipo de empresas.
En este último caso, se hizo llegar tanto a los diputados como al secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación, Mariano Mayer, la advertencia de que el proyecto de Ley de Emprendedores -enviado por el Poder Ejecutivo a mediados de agosto y sin tratamiento hasta el cierre de esta edición, aunque se esperaba para el transcurso de noviembre- sólo se refiere a las actividades productivas «con fines de lucro» por lo cual deja tácitamente afuera a las cooperativas.
En esa línea, se subrayó que aunque constituyen una forma jurídica ideal cuando se procura generar un impacto social o ambiental en beneficio del interés colectivo, quedarían fuera del alcance de esta ley si se aprobara tal como está su artículo 2º, que define al emprendimiento como «una actividad productiva con fines de lucro».
El diputado Luis Cigogna (Fpv – Provincia de Buenos Aires) presentó una disidencia –con apoyo de legisladores del Bloque Justicialista y el Frente Renovador, entre otros– a través de la cual propuso incluir a las cooperativas, «entendidas como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada».
De cualquier manera, limitó esta observación a las de trabajo, dejando fuera a las iniciativas de cooperación vinculadas al consumo o la producción agropecuaria, por ejemplo.

Esta falta de incorporación efectiva de las cooperativas como empresas capaces tanto de institucionalizar la práctica emprendedora como de dinamizar la economía del segmento pyme fue señalada ya a comienzos de julio, cuando el proyecto de ley para otorgar ciertos beneficios a las pequeñas y medianas empresas no las contempló debidamente.
En aquel momento, COOPERAR hizo llegar al Senado su propuesta para adecuar a su naturaleza jurídica y tratamiento impositivo el régimen de fomento de inversiones para las pyme que, finalmente, fue convertido en ley pocas semanas después y reglamentado a mediados de octubre.
La Confederación había solicitado que se ampliara el alcance del Programa de Recuperación Productiva (Repro) a las cooperativas de trabajo que se encuentren en situación de crisis y, respecto del Tratamiento Impositivo Especial para el fortalecimiento de las unidades productivas -tomando en cuenta que son exentas del impuesto a las Ganancias- se observó la conveniencia de que el Impuesto a los Débitos y a los Créditos bancarios sea aplicado en su totalidad al pago de la Contribución Especial sobre el Capital Cooperativo establecido por la Ley 23.427.

En comisión
La Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados llevó adelante el miércoles 24 de agosto su primera reunión con 16 parlamentarios y varios asesores presentes e incluyó en el temario varios proyectos de resolución, de declaración y de ley. Entre estos últimos, se dio tratamiento a la propuesta de modificar los artículos 63 y 65 de la Ley (20.337) de Cooperativas, para una integración igualitaria de las mujeres en los consejos de administración. Tras registrarse varias observaciones, no hubo dictamen.
Otro proyecto, que recibió dictamen de mayoría, fue el de emprendimientos sociales cooperativos y comunitarios y Programa Nacional de Desarrollo, presentado por Alcira Argumedo y Fabián Rogel. Finalmente, se aprobó por mayoría un texto que establece la tarifa social en servicios públicos para cooperativas de trabajo de fábricas recuperadas, firmado por diputados del Frente para la Victoria.
Varias semanas después, en otra reunión de esta comisión los diputados dieron el visto bueno a la modificación del artículo 63 de la Ley de Cooperativas, para establecer un cupo femenino del 30% en los consejos de administración, aunque previeron una excepción para aquellas integradas exclusivamente por asociados de un sólo género, las de grado superior y las formadas exclusivamente por personas jurídicas.
Además, aprobaron por unanimidad un proyecto que, al modificar el artículo 64 de la 20.337, quita la prohibición de ejercer cargos en el consejo de administración «hasta diez años después de su rehabilitación» para personas condenadas por cualquier tipo de delito y elimina cualquier restricción para los penalmente sancionados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública.
Durante esa jornada, además, el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo, expuso en contra del cierre arbitrario de cuentas bancaria y sostuvo que esa conducta de las entidades financieras «atenta contra el desarrollo de nuestro país, las políticas de prevención de lavado de dinero y fomenta una economía en negro”.