Después de debatir y consensuar, en el seno de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), acerca de la problemática, las principales entidades referentes del sector eléctrico salieron a manifestar su «profunda preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la resolución Inaes 3442/2018».
De acuerdo con esa norma, publicada el miércoles 21 en el Boletín Oficial, las cooperativas distribuidoras de energía eléctrica deberán facturar ese servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos.
Uno de los fundamentos es que determinados entes reguladores resolvieron que las facturas emitidas a los usuarios sólo deberán contener conceptos tarifarios vinculados con la prestación del servicio público, en tanto la facturación por separado evita restricciones o cortes del servicio esencial por falta o imposibilidad de pago de conceptos ajenos.
El presidente, Mauricio Macri, comentó por twitter que “es una medida importante para los usuarios” ya que “antes de esta decisión podían sufrir cortes por falta de pago de conceptos que no estaban relacionados con el suministro de energía”.
También contó que la resolución “surgió a partir de la consulta de un vecino de Luján”, que se acercó a él hace unos meses con su factura de luz durante una de la visita presidencial en esa ciudad.
«Sin adentranos en cuestiones jurídicas respecto a la procedencia de la misma, entendemos que atenta contra un sector de la economía social y solidaria que, producto de una historia y desarrollo territorial ha dado solución a través del asociativismo a la prestación de multiservicios, garantizando la calidad de vida, el desarrollo local sostenible, la generación de trabajo genuino y el arraigo de millones de pobladores en el Interior profundo de nuestro país, y que tiene un inmenso prestigio y reconocimiento a nivel nacional, regional y mundial», señalaron las entidades en un comunicado publicado hoy.
Esas organizaciones representan a más de 600 empresas distribuidoras de electricidad constituidas por dos millones de asociados/usuarios de quince provincias y brindan servicios a casi 8 millones de argentinos. «Sin esos vecinos que constituyeron voluntariamente su empresa cooperativa para autoprestarse servicios públicos (energía, agua, cloacas, gas, internet) y sociales (sepelios, ambulancias, enfermería, entre otros) que hoy resultan esenciales para una vida digna, más de 700 pueblos en el Interior profundo de nuestra Nación habrían desaparecido o convertido en pueblos fantasmas«, afirmaron.
«Con pesar, consideramos que en esta decisión gubernamental no se dimensiona adecuadamente la naturaleza jurídica de nuestras organizaciones ni el daño que esta medida pueda provocar a los propios usuarios de los servicios públicos que se intenta defender y, por derrame, el que le provoca a los pueblos del Interior de nuestro país. Abogamos para que esta medida sea revisada, reivindicando la voluntad de los habitantes del Interior de nuestro país que de manera organizada, con convicción, esfuerzo propio y ayuda mutua han resuelto autoprestarse servicios esenciales», concluyeron.
Peligran fuentes de trabajo y el tejido social de miles de pueblos del Interior
