“La movilización social contra el hambre es un llamado de emergencia pero también debe servir para un replanteo profundo sobre las formas en que los argentinos y argentinas producimos, distribuimos y consumimos los alimentos.”
El señalamiento sobre la forma en que ha de ser abordada la cuestión alimentaria en la próxima gestión partió de una mesa a la que se vienen sentando las confederaciones nacionales que representan a las más de 11 mil cooperativas y mutuales que hay registradas en nuestro país.
Cooperar, Coninagro, CAM, Conam, Conarcoop, CNCT, Conaice, a las que se sumó la Asociación de Aseguradoras del Interior (Adira), elevaron al presidente electo, Alberto Fernández, una propuesta para transitar “de la urgencia frente al hambre a la construcción solidaria de economía sostenible”.
“Le acercamos este documento con la idea de ayudar a transformar este esfuerzo urgente en un fortalecimiento de la economía social y solidaria en todas las cadenas de producción y distribución”, explicaron desde la mesa.
El diagnóstico es que “la persistencia y crecimiento del número de familias que sufren hambre en Argentina constituyen una inmoralidad inaceptable en un país que cuenta con recursos suficientes como para alimentar varias veces su población”.
Por eso, “es necesario reconocer que la alimentación es un derecho y construir un amplio acuerdo social que lo garantice. El movimiento cooperativo y mutual, en forma consecuente con sus valores y su historia, aspira a participar activamente en su construcción”.
En el documento entregado al equipo de Fernández, que fue acompañado de un pedido de audiencia, se argumenta que el fortalecimiento de la economía social y solidaria en todas las cadenas de producción y distribución ayudará a “impedir las prácticas oligopólicas de los actores de la economía concentrada, promover el trabajo decente y la industrialización de la ruralidad, movilizar los recursos locales y defender el ambiente.”