Las cooperativas, junto con otras organizaciones de la comunidad, llegan con eficiencia y agilidad a los sectores más aislados y deben ser socios plenos en la tarea de evitar que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria, sostuvieron la Cepal y la FAO.
En un informe conjunto publicado hace algunos días, ambas instituciones sugieren acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe, y recomiendan a apoyar con subsidios monetarios o donaciones de alimentos provenientes de empresas y los Gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
Junto con sindicatos, bancos de alimentos, ONG, iglesias y organizaciones indígenas, las cooperativas pueden revertir las vulnerabilidades en el sistema de distribución de alimentos, advierte el documento.
Respecto de los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria, señala: “La capacidad asociativa es esencial para ampliar escalas de producción y mejorar la inserción en los mercados. Se necesitan cooperativas, redes colaborativas y nuevas relaciones entre las cooperativas y las empresas transnacionales”.
El informe reconoce “solo el Estado tiene la capacidad para facilitar, coordinar e intervenir para asegurar la disponibilidad de alimentos” pero, para evitar que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria, “se deben activar mecanismos de cooperación multilateral a nivel internacional y de cooperación entre los gobiernos, las empresas y sus trabajadores, y las organizaciones de la sociedad civil”.
En América Latina, de acuerdo con estimaciones de la Cepal, los efectos del Covid-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría incrementarse 3,5 puntos porcentuales y la pobreza extrema puede cubrir al 13,5% de la población, la incidencia más alta de las últimas dos décadas.
“La recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles”, alertan la Cepal y la FAO, que proponen la entrega de un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema, con un costo estimado de 23.500 millones de dólares, equivalentes al 0,45% del PIB regional.
La caída de los ingresos, además, “probablemente cambiará la dieta de los hogares y de las personas que destinan un alto porcentaje de sus gastos totales a la alimentación”, subrayaron. Esto implica reemplazar alimentos más nutritivos y caros por otros más baratos y con mayor contenido de grasas saturadas, azúcar, sodio y calorías. “Esto agravará la desigualdad nutricional que precedía a la pandemia.”
Por otro lado, según este documento, la pandemia incrementó el riesgo de volatilidad de la trayectoria futura de los precios locales de los alimentos. Los datos relevados indican que el índice de precios de los alimentos aumentó más que el índice de precios al consumidor en casi todos los países de la región.
