La aprobación de la denominada Ley Hojarasca tal como lo plantea el Ejecutivo Nacional “cambiaría radicalmente el tratamiento de las cooperativas multiplicando enormemente su aporte tributario”, advirtieron las confederaciones Cooperar, Coninagro, Conarcoop y CNCT.
Es porque el texto propuesto por el gobierno deroga la ley 11.380, aprobada en 1926 para facilitar la formación patrimonial de las cooperativas a partir de financiamiento de los bancos de la Nación e Hipotecario, al mismo tiempo que otorga la exención de “toda contribución sobre el valor de los edificios y construcciones”.
Este punto, inscrito en el artículo quinto, inciso b, de esa ley, oficia de argumento para lo expresado en otra norma: la 23.427, que creó el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Esta última excluye precisamente a esos inmuebles a la hora de calcular el capital en base al cual se paga la contribución especial.
Como subrayaron en un comunicado publicado este martes las organizaciones de tercer grado, la mayor parte del capital de las cooperativas “está constituido por edificios y construcciones, debido a su vocación de arraigo en cada comunidad y su visión de largo plazo”. Por lo tanto, de sancionarse la Ley Hojarasca las cooperativas deberán incorporar los edificios y las construcciones a los efectos de abonar lo estipulado en la 23.427.
“El desarrollo del cooperativismo ha significado el desarrollo en cada comunidad donde se encuentra presente, en algunos casos a lo largo de más de un siglo. Y por ello es merecedor de normas que procuren mantener esa vocación de invertir en el territorio y generar trabajo genuino, como lo pensaron los legisladores hace casi un siglo en esta ley que se pretende derogar”, declararon.
