Esos artículos tratan de convertir en una simple exención la condición de no sujeción en el impuesto sobre los ingresos brutos de las operaciones que realizan las cooperativas con sus asociados, establecida oportunamente por una ley que hizo operativa la manda constitucional incluida en el artículo 41 de la carta magna provincial.
Por lo tanto, la derogación de la no sujeción en el gravamen implicaría una decisión manifiestamente anticonstitucional, al representar la derogación de una norma legal que efectivizó un precepto constitucional.
También las entidades representativas del cooperativismo han dejado trascender que en este tema es evidente la existencia de una campaña contra las cooperativas, impulsada por importantes intereses que se sienten afectados por el desarrollo de la economía social y solidaria en el territorio bonaerense durante las últimas décadas.
«Nuevamente este año el Proyecto de Ley Impositiva 2018 de la provincia de Buenos Aires incluye disposiciones lesivas para las cooperativas, al reiterar una iniciativa que fue unánimemente desechada por la Legislatura en los últimos meses de 2016», señala el documento, firmado por las confederaciones Cooperar, Coninagro, CNCT, Conaice y Conarcoop.
Allí las entidades advierten que «se trata de transformar en una simple exención la no sujeción del acto cooperativo que en el impuesto sobre los ingresos brutos incorporó la ley 13.360, aprobada por unanimidad de ambas Cámaras en 2005».
A través de esa norma se hacía operativa la manda del artículo 41 de la Constitución, cuyo texto expresa que la Provincia “fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza”.
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