La Mesa Nacional de Cooperativas Eléctricas le pidió al presidente del Inaes, Mario Cafiero, la nulidad de la resolución 3442/18, según la cual las distribuidoras de energía debían facturar el servicio de electricidad en forma autónoma e independiente de otros conceptos.
Se trata de “una imposición que desde sus inicios contó con el constante reproche del sector, centralmente por la falta de visualización de las diversas realidades locales, sociales y sectoriales”, explicaron desde la Mesa.
Este espacio representa cooperativas que distribuyen energía eléctrica en más de 600 localidades de 15 provincias y “participan activamente de la vida de los pueblos en todo el territorio y son esenciales para la calidad de vida de sus habitantes.”
Según los representantes sectoriales, la norma cuestionada quita derechos a los asociados de las cooperativas a través de acciones inconsistentes con la legalidad, al impedir a aquellos que soliciten voluntariamente la prestación de otro servicio (ambulancia, sepelio, etc.) requerir, además, que se lo incluya en la facturación conjunta con el servicio eléctrico prestado en su domicilio. Adicionar tales servicios sociales hoy está prohibido.
Esto implica anomalías en el costo de los servicios, inclusive los regulados como la energía eléctrica, y la “casi segura extinción” de otros servicios. “Imaginemos la supervivencia del sistema de bomberos voluntarios soportado solamente por el cobro de la cuota social puerta a puerta”, graficaron.
Para los eléctricos, la resolución vigente “no sólo le coarta al asociado – usuario la libertad individual de decidir él mismo qué pagar junto al servicio eléctrico, sino que además denota una ausencia de mirada social profunda de la realidad actual del territorio argentino”.
“Las empresas cooperativas, propiedad de los propios usuarios – ciudadanos, son las que les dan vida a los pequeños pueblos del interior y permiten que sus habitantes vivan con el estándar que viven los ciudadanos en las grandes urbes”, señalaron desde la Mesa.
