Las cooperativas denominadas sociales, que involucran a usuarios y trabajadores en servicios de cuidados e inserción comunitarios, son “una de las principales respuestas del movimiento cooperativo a las necesidades emergentes de las personas”.
Así lo reconoció el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en una resolución reciente en la que declaró de interés cooperativo a este tipo de entidades, “tendientes a lograr la inclusión de personas humanas en situación de vulnerabilidad social”.
A partir de la resolución 1/2019, estas cooperativas podrán presentar ante el organismo los estados contables simplificados y en el libro inventario y balances se asentarán también los informes anuales de auditoría.
Además, podrán asentar en un único libro de actas el registro de las actas de asambleas, el registro de los asociados asistentes a las asambleas, el registro de las actas de las reuniones del consejo de administración, las observaciones del síndico y los informes trimestrales de auditoría.
“En materia cooperativa deben elaborarse políticas públicas relacionadas con servicios de interés general destinadas a personas humanas con discapacidad psicosocial (salud mental), a aquellas que están o han estado en un contexto de encierro y de personas de consumos problemáticos (sustancias psicoactivas) en situación de vulnerabilidad social”, fundamentó el Inaes.
En ese sentido, subrayó que las cooperativas sociales “tienen como objetivo acompañar y promover a personas que se encuentran en un estado-contexto de vulnerabilidad, a través de un abordaje integral de su problemática, la atención en el ejercicio de derechos y la mejora de su calidad de vida”.
