Autoridades de la Confederación Cooperativa (Cooperar) y de sus entidades asociadas participaron de una reunión conjunta informativa de las comisiones de Asuntos Cooperativos y de Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, convocada para abordar las dificultades que enfrentan las cooperativas para acceder a las líneas de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas.
En representación de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) participaron su vicepresidente, Eduardo Canedi; el gerente, César Basañes; la prosecretaria de Relaciones Internacionales, Gisela Wild; Osvaldo Petrilli, de Fecotel; Roberto Casal, de Fesubgas; y Verónica San Martín, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC). También estuvieron presentes representantes de Coninagro y de la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Conaice).
Durante el encuentro, el martes 11, las entidades cooperativas explicaron a los legisladores la situación que atraviesan desde abril de 2025, cuando comenzó a aplicarse a las cooperativas una serie de requisitos derivados de la modificación de la Resolución 220/2019, realizada en 2023, que dificultan la obtención del Certificado MiPyME.
Este certificado constituye una herramienta fundamental para que las empresas puedan acceder a distintas políticas públicas de promoción y financiamiento destinadas a ese segmento empresarial. La imposibilidad de obtenerlo en igualdad de condiciones genera, para las cooperativas, una situación de discriminación que afecta directamente sus posibilidades de acceder a instrumentos de fomento.
Desde el movimiento cooperativo se planteó que la situación podría resolverse mediante una modificación de la normativa administrativa por parte de la autoridad de aplicación de la Ley PyME. Sin embargo, ante la resistencia de áreas legales del Poder Ejecutivo a reconocer expresamente a las cooperativas dentro del universo de empresas alcanzadas por estas políticas, las entidades consideran necesario avanzar en una modificación de la propia norma.
El objetivo es establecer de manera inequívoca que las cooperativas son empresas y que, como tales, tienen derecho a acceder al Certificado MiPyME y a las políticas de promoción correspondientes, siempre que cumplan con los parámetros establecidos por la autoridad de aplicación, en igualdad de condiciones con cualquier otra forma jurídica empresarial.
La presentación fue seguida por un intercambio con diputados y diputadas de distintos bloques políticos. Participaron legisladores de Unión por la Patria, La Libertad Avanza y Partido Unidad, entre otros espacios, quienes intercambiaron opiniones con los representantes del cooperativismo sobre las dificultades planteadas.
De acuerdo con lo expresado durante la reunión, no hubo manifestaciones contrarias al planteo formulado por las confederaciones cooperativas. Por el contrario, desde las presidencias de ambas comisiones se asumió el compromiso de avanzar a la brevedad en el tratamiento de los proyectos legislativos que buscan resolver esta situación.
Entre las iniciativas en trámite se encuentra el proyecto E 4879-D-2025, presentado por el diputado Eduardo Toniolli junto con otros legisladores de Unión por la Patria. La iniciativa había obtenido dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Cooperativos y de Pymes durante el año pasado, pero no llegó a ser tratada en el recinto. Debido a la renovación de la composición de las comisiones luego de las elecciones nacionales, el proyecto debe volver a ser considerado y dictaminado.
También se encuentra en tratamiento el proyecto E 3687-D-2026, presentado por los diputados santafesinos Pablo Farías y Esteban Paulón, del Bloque Provincias Unidas, que fue girado a las comisiones de Pymes y de Asuntos Cooperativos, al igual que el proyecto E 3869-D-2026, de la cordobesa Carolina Basualdo.
