Posibilitar el acceso al techo propio a través de sistemas construcción y financiamiento de ayuda mutua es la principal función de las cooperativas de vivienda, pero no la única.
Un estudio reciente elaborado por UrbaMonde, una ong de Ginebra dedicada a proyectos participativos de desarrollo urbano, y We Effect, una entidad sueca de cooperación al desarrollo, subraya la capacidad de resistencia de la vivienda comunitaria en épocas de crisis.
Esta investigación, publicada en diciembre, revela que las personas que residen en viviendas cooperativas, tierras comunitarias y otras formas de vivienda colectiva tienen una importante ventaja en comparación con las situaciones de alojamiento irregular, vivienda prestada o de alquiler, y la propiedad individual estándar.
Según el estudio, estos modelos ofrecen una mayor protección ante desalojos, ejecuciones hipotecarias o mudanzas forzadas incluso si los inquilinos pierden parte de sus ingresos. “Los grupos organizados de ahorro y vivienda tienen más probabilidades de unirse para realizar actividades generadoras de ingresos, como la producción de jabón y mascarillas, o para comprar alimentos a sus vecinos”, subraya el estudio, que está disponible en español.
El estudio confirmó que el modelo de vivienda comunitaria, incluyendo la cooperativa, tiene más probabilidades de fomentar actividades colectivas que reduzcan la carga de trabajo doméstico, especialmente para las mujeres, y prevenir el aislamiento, la soledad, el estrés y la depresión.
La investigación incluyó una encuesta global y se realizaron 52 entrevistas entre los meses de septiembre y noviembre de 2020. La Organización Internacional de Cooperativas de Vivienda (CHI, por sus siglas en inglés), sectorial de la ACI que pertenece a la red CoHabitat Network, ayudó a difundir el mensaje de la encuesta y el informe.
“La vivienda hecha por y para las personas no busca beneficios, sino ofrecer un hogar seguro y, en tiempos de necesidad como esta pandemia, apoyarnos los unos a los otros mediante actividades solidarias”, señaló la secretaria general de la CHI, Julie La Palme.
“Gracias al aplazamiento de los pagos del alquiler o a distintas iniciativas de seguridad alimentaria y protección contra la violencia, los residentes de viviendas cooperativas y de otras formas de vivienda comunitaria no están teniendo que enfrentarse a la amenaza del desalojo, a diferencia de aquellos que viven en alojamientos públicos y privados o en situación irregular.”
La encuesta confirma que los grupos de población que ya tenían dificultades para acceder a la vivienda antes de la pandemia están sufriendo de forma desproporcionada las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis global de la COVID-19.
Por eso, estas conclusiones sugieren que la vivienda comunitaria fomenta la resistencia individual y colectiva ante los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia. De acuerdo con WeEffect y urbaMonde, los gobiernos locales, regionales y nacionales deberían desarrollar políticas propicias que incluyan un marco legal, financiación y terreno para emprender proyectos de vivienda cooperativa.
“Consideramos que los esfuerzos por promover iniciativas de vivienda comunitaria constituyen una estrategia eficaz para cubrir las necesidades de las comunidades desfavorecidas, y al mismo tiempo que se previene la mercantilización, gentrificación y turistificación de las ciudades y se garantiza que la vivienda y el territorio cumplen una función social”, subrayaron en el informe.
