Una regulación asimétrica a la hora de que el Enacom implemente el DNU 690 y que las cooperativas sean más tenidas en cuenta en las políticas de telecomunicaciones fueron dos de los puntos expuestos por el sector, este martes, en la Cámara de Diputados.
En representación de la Confederación Cooperativa, Carlos Mansilla señaló que no se puede tratar por igual a empresas que son diferentes por naturaleza, en referencia a las cooperativas que brindan servicios de telefonía, internet y TV por cable en más de 500 localidades del Interior donde a grandes firmas comerciales en general no les resulta rentable.
Mansilla citó la recomendación 193/2002 de la OIT, según la cual “los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función”, y recordó que el convenio colectivo de trabajo para las cooperativas es distinto al de empresas con otra forma jurídica. “En este caso también deben ser reguladas teniendo en cuenta esta diferenciación”.
En la reunión, convocada por la comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara baja, hablaron además los representantes de entidades asociadas a la Confederación, como Fecotel, Fecosur, Catel y Colsecor, las cuales habían sido recibidas por autoridades del Enacom luego de que fuera publicado el decreto y están a la expectativa de que su implementación incluya los pedidos del sector sin fines de lucro.
Todos coincidieron en que las cooperativas dan servicios con base en el bien común y que por lo tanto no pueden ser reguladas de la misma manera que otro tipo de empresas, y también subrayaron que ese espíritu las vuelve imprescindibles para llevar conectividad a lugares que aún hoy no la tienen.
“Argentina tiene que conectar el interior del país y las cooperativas somos los socios estratégicos. Estamos en todo el territorio, sin fines de lucro y nuestra manera de tomar decisiones nos hace no especular, sino construir donde la Argentina precisa servicios”, expresó el presidente de Catel, Ariel Fernández Alvarado.
El gerente de Fecotel, Osvaldo Petrilli, agregó que se deben proteger las redes tendidas por las cooperativas. Esa federación, junto con Fecosur, aportó que las cooperativas crean puestos de trabajos en las localidades donde operan y generan oportunidades de desarrollo de esas economías a través de los servicios TIC, a través de 9 mil puestos de trabajo directos y 36 mil indirectos.
El representante de Colsecor, Alberto Calvo, añadió que el concepto de asimetrías no solo remite a una relación de grandes empresas y estructuras más chicas sino que “también tiene que ver con una conformación del capital social en las cooperativas, que permite crear la relación de autoprestación de los servicios. Los usuarios son antes que todo asociados”.
Acerca del congelamiento de precios incluido en el DNU, el presidente de Fecosur, Antonio Roncoroni, explicó que “va a producir mayor concentración si no se toman otras medidas, porque las cooperativas más chicas no lo van a poder soportar”. Además, subrayó que la reglamentación que haga el Estado de esta norma “tiene que proteger el capital social acumulado durante más de sesenta años por familias del interior del país asociados en cooperativas”.
La presidenta de la comisión, María Soledad Carrizo, apoyó la demanda de “una reglamentación abierta, para lograr una regulación inteligente, buscando combatir asimetrías, consciente que el congelamiento de precios no debe ser permanente sino una excepcionalidad”.
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, coincidió en “contemplar una reglamentación de puertas abiertas, que plasme el derecho humano básico a la comunicación” y afirmó que las cooperativas “tienen que ser actores centrales en el acceso a las tecnologías.”
En el encuentro también estuvo el vocal del directorio del Inaes, Nahum Mirad, actualmente a cargo de la presidencia del Instituto, quien precisó que más de 2 millones de personas gestionan de manera democrática las telecomunicaciones en Argentina, “una experiencia de característica únicas a nivel mundial”, y consideró que, al desarrollar una actividad económica con criterio solidario, las cooperativas “garantizan la justicia social, posibilitan la justicia tecnológica y por su federalismo posibilitan la justicia territorial”.
En ese sentido, el director del Enacom Gonzalo Quilodran agradeció “el trabajo y el compromiso federal de las 557 licenciatarias TIC del sector cooperativo que en todo este tiempo hicieron posible mantener conectada a la Argentina profunda”.
