Farías, presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas en la Cámara baja, se acercó el martes 16 a conocer en detalle un tema que la Confederación viene acercándole a distintos bloques en las últimas semanas.

Se trata de las dificultades que tienen las cooperativas para acceder al certificado mipyme a raíz de la normativa emitida por la secretaría respectiva del Ministerio de Economía.

Desde Cooperar se está impulsando una reforma de la Ley Pyme, a los efectos de evitar la errónea interpretación que el Poder Ejecutivo realiza de esta norma a la hora de tramitar los certificados de las mipymes.

En la misma línea, el jueves 17 visitó la sede de Cooperar la diputada Tepp,
Santafesina al igual que Farías, no solamente se interesó por la problemática en relación al certificado mipyme sino que se puso a disposición para fortalecer la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales.

Ambos expresaron también su receptividad a trabajar con la Confederación en otros temas de la agenda legislativa.

Por otro lado, mostraron su entusiasmo respecto del Congreso Internacional de Derecho Cooperativo que se realizará en Panamá, en septiembre, en el contexto de la elección mundial donde el presidente de Cooperar, Ariel Guarco, buscará ser reelecto al frente de la Alianza Cooperativa Internacional.

Previo a ese acontecimiento y como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, está previsto un encuentro preparatorio con participación de legisladores en la sede del Congreso Nacional.

Además de recibir a Farías y Tepp, representantes de Cooperar estuvieron reunidos y en contacto con otros diputados y diputadas nacionales en busca de conseguir el aval para destrabar la normativa que impide actualmente a las cooperativas acceder como empresas pyme al certificado nacional.

Esa norma había sido incluida en el proyecto conocido como Ley Hojarasca, enviado por el Ejecutivo nacional para suprimir «leyes inútiles y obsoletas». Finalmente, horas después de la presentación de los y las dirigentes sectoriales, se conoció el dictamen de mayoría sin la inclusión de la 11.380.

En representación de Cooperar y de sus federaciones asociadas expusieron Eduardo Canedi, Cristian Horton, Juan Carlos Junio, César Basañes, Carlos Andrés Mansilla, Pablo Rodofilli, Serena Colombo, Edgardo Grünfeld, Osvaldo Petrilli, Omar Zorzenón, Martín Pérez, Néstor Fiumano, Sebastián Ramos, Bruno Rodríguez y Jerónimo Camps, todos ellos representantes de las cooperativas de servicios públicos, trabajo, consumo, crédito, educación, salud y vivienda representadas en la confederación. También estuvieron presentes referentes de otras entidades como AFA, Coninagro, Conarcoop, Conaice y CNCT.

Las intervenciones estuvieron alineadas con el mensaje emitido por la Confederación días atrás, cuando le hizo llegar a todos los diputados la preocupación por una decisión que solo implicaría «más impuestos y menos seguridad jurídica». 

«El cambio propuesto cambiaría radicalmente el tratamiento de las cooperativas multiplicando enormemente su aporte tributario, en virtud que gran parte del capital de estas entidades está constituido por edificios y construcciones, debido a su vocación de arraigo en cada comunidad y su visión de largo plazo», había alertado Cooperar.

El mensaje tuvo eco tanto en la Comisión de Asuntos Cooperativos, donde todos los legisladores aceptaron el reclamo, como en las de Legislación General y Asuntos Constitucionales, desde donde efectivamente salió el dictamen de mayoría y que, se estima, podrá convertirse en ley en los próximos días ya sin la incorporación que afectaba negativamente a las cooperativas.  

Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la nueva norma apunta a suprimir leyes «inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades», en base a detectar «procesos inexistentes o a organismos disueltos” presentes en la normativa.

Sin embargo, los primeros cuatro artículos de la ley 11.380 fueron eliminados por en el Digesto Jurídico Argentino aprobado en 2014. Solo quedó vigente –como Ley D-0161– el artículo 5º, que mantiene la exención original de edificios y construcciones como parte del activo al momento de calcular la contribución especial.

Este criterio había sido respetado al aprobarse la 23.427 -en 1986- y ratificado en cada una de las sucesivas prórrogas de la vigencia de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas que dicha ley establece.

Una exención que posibilita el arraigo y la inversión a largo plazo

Cooperar advirtió que el cambio propuesto cambiaría radicalmente el tratamiento de las cooperativas multiplicando enormemente su aporte tributario, en virtud que gran parte del capital de estas entidades está constituido por edificios y construcciones, debido a su vocación de arraigo en cada comunidad y su visión de largo plazo.

«El desarrollo del cooperativismo ha significado el desarrollo en cada comunidad donde se encuentra presente, en algunos casos a lo largo de más de un siglo. Y por ello es merecedor de normas que procuren mantener esa vocación de invertir en el territorio y generar trabajo genuino, como lo pensaron los legisladores hace casi un siglo en esta ley que se pretende derogar», señaló la Confederación en un mensaje que fue girado a los diputados.

El texto agrega otra inquietud: el presupuesto 2026 expresa que los ingresos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por la contribución especial ($ 83.489 millones) más que cuatriplican los gastos autorizados al Instituto ($ 18.871 millones), quedando en consecuencia sin utilizar las tres cuartas partes de sus ingresos, que son de aplicación específica.

“Esperando que lo comentado respecto al proyecto en cuestión haya sido producto de un descuido y no de un sesgo anticooperativo que pretenda romper como simple hojarasca consensos forjados desde hace un siglo, reclamamos que el Congreso rechace la derogación de la Ley 11380 que solo implica más impuestos y menos seguridad jurídica”, señaló Cooperar.

El formoseño Atilio Basualdo, de La Libertad Avanza, es el vicepresidente primero, mientras que la vicepresidencia segunda quedó en reserva para un legislador del principal bloque opositor.

Para la segunda secretaría fue elegido otro formoseño, Gerardo González, de Innovación Federal. La primera y tercera secretaría quedaron en reserva para que sean ocupadas por La Libertad Avanza y Unidos, respectivamente.

Este es un órgano permanente de la Cámara baja encargado de estudiar, analizar y dictaminar sobre proyectos de ley relacionados con el sector asociativo. Su función principal es promover y proteger el desarrollo de cooperativas y mutuales, fomentando su autonomía y su rol socioeconómico.

Desde la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) se está tomando contacto con los representantes de esta comisión, que en principio acordaron reunirse los miércoles a las 9, y se espera continuar el vínculo para avanzar en la agenda parlamentaria. Esto incluye la realización de un nuevo encuentro como el realizado en septiembre en el contexto de la agenda nacional del Año Internacional de las Cooperativas.

La Confederación puso en marcha, además, una comisión de Estrategia Parlamentaria, que apunta a fortalecer la incidencia en estos y otros espacios legislativos tanto a nivel nacional como provinciales.

Otra comisión relevante para las cooperativas en Diputados es la de Pequeñas y Medianas Empresas, que quedó bajo la presidencia del santafesino Pablo Farías, del bloque Provincias Unidas.

Cooperar viene solicitando el reconocimiento pleno de las cooperativas como empresas dentro del Registro de Empresas MiPyMES, luego de que una resolución de 2019 las declarara “formas asociativas” obligando a cada asociado a obtener un certificado pyme.

Finalmente, en el Senado se espera la conformación de la comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, que estuvo hasta diciembre bajo la presidencia de la salteña Nora del Valle Giménez.

En materia impositiva, se planteó además la necesidad de que las cooperativas de consumo sean reconocidas como consumidores finales en sus compras, y que se elimine la doble imposición en el impuesto a los débitos y créditos que afecta a las cooperativas de crédito. Otros debates giraron en torno al acceso a la vivienda mediante la producción social autogestionaria del hábitat, la regulación de experiencias educativas de gestión social y cooperativa, la salud, la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y las experiencias de empresas recuperadas.

También hubo intervenciones en torno a los servicios públicos. Dirigentes de cooperativas eléctricas alertaron sobre los efectos del Decreto 450/2025, que avanza en la desregulación del mercado energético, mientras que desde el sector del gas se pidió el reconocimiento normativo de las cooperativas subdistribuidoras.

Por otro lado, se destacó la necesidad de equiparar a las cooperativas con las pymes en el marco de la Ley 24.467, para evitar la exclusión de programas de promoción que hoy no las contemplan. También se debatió la modificación de la Ley 23.427, que creó el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, con la propuesta de permitir que las entidades destinen parte de esos recursos a programas gestionados por sus federaciones.

Encuentro en el Año Internacional

La jornada, desarrollada el 11 de septiembre en el Anexo de Diputados, formó parte de las actividades por el Año Internacional de las Cooperativas y permitió repasar una nutrida agenda de proyectos y debates en curso, con la presencia de legisladores de distintos bloques y referentes del movimiento cooperativo.

En la apertura, Eduardo Toniolli, presidente de la Comisión, y Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, coincidieron en la necesidad de dar lugar en la agenda parlamentaria a un sector que representa más de 15 mil entidades en todo el país y millones de asociados.

«No nos traten como ambulancias qué solo sirven para recoger los heridos qué dejan otros modelos», planteó Guarco. En esa línea, el diputado santafesino subrayó que «las cooperativas son actores fundamentales para el desarrollo argentino, y su importancia quedó reflejada a lo largo de todo el encuentro».

Durante el encuentro, que fue parte de la agenda nacional del Año Internacional de las Cooperativas, los testimonios fueron expresados por integrantes de distintas entidades cooperativas que forman parte de la comisión de Discapacidad de la Confederación Cooperativa.

Algunas de estas personas tienen discapacidad y contaron cómo trabajan dentro de su organización. Otras se refirieron a políticas internas en sus empresas cooperativas para la inserción de personas con discapacidad.

Entre otros, hablaron Sofía Bauzá, de Fecofe; Mariana Pacheco, de La Huella (Faess); Marcelo Betti, del Banco Credicoop y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC); Juan Marquetti (Fescoe) y Silvina Vazón (Río Uruguay Seguros). 

Al cierre, el vicepresidente de Cooperar, Alberto Bavestrello, presentó la iniciativa de la Confederación para firmar junto con sus asociadas un Pacto Cooperativo sobre Discapacidad, en busca de afianzar acciones como cursos de capacitación sobre perspectiva de discapacidad, asistencia técnica para mejorar la accesibilidad física o virtual, y listado de cooperativas de inclusión sociolaboral que requieren acompañamiento, entre otras.  

Tomando en cuenta la recepción que tuvieron los legisladores presentes (Daniel Arroyo, presidente de la comisión; Victoria Tolosa Paz, Karina Bachey y Nicolás del Caño, entre otros) la expectativa de Cooperar y el resto del sector involucrado en esta temática es poder avanzar en un proyecto de ley para las cooperativas de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad.

Así lo expresó el docente e investigador de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y colaborador de la comisión de Discapacidad de la Confederación, Gustavo Sosa. 

Otros actores que intervinieron en la jornada fueron Eugenia Pomazán, secretaria de Fortalecimiento Familiar de la Provincia de Córdoba; y Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de la provincia de Buenos Aires, quienes expresaron su apoyo al rol de las cooperativas en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y dejaron la puerta abierta para avanzar en acuerdos con las áreas de discapacidad de los gobiernos provinciales. 

Es porque el texto propuesto por el gobierno deroga la ley 11.380, aprobada en 1926 para facilitar la formación patrimonial de las cooperativas a partir de financiamiento de los bancos de la Nación e Hipotecario, al mismo tiempo que otorga la exención de “toda contribución sobre el valor de los edificios y construcciones”.

Este punto, inscrito en el artículo quinto, inciso b, de esa ley, oficia de argumento para lo expresado en otra norma: la 23.427, que creó el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Esta última excluye precisamente a esos inmuebles a la hora de calcular el capital en base al cual se paga la contribución especial.

Como subrayaron en un comunicado publicado este martes las organizaciones de tercer grado, la mayor parte del capital de las cooperativas “está constituido por edificios y construcciones, debido a su vocación de arraigo en cada comunidad y su visión de largo plazo”. Por lo tanto, de sancionarse la Ley Hojarasca las cooperativas deberán incorporar los edificios y las construcciones a los efectos de abonar lo estipulado en la 23.427.

“El desarrollo del cooperativismo ha significado el desarrollo en cada comunidad donde se encuentra presente, en algunos casos a lo largo de más de un siglo. Y por ello es merecedor de normas que procuren mantener esa vocación de invertir en el territorio y generar trabajo genuino, como lo pensaron los legisladores hace casi un siglo en esta ley que se pretende derogar”, declararon.

En esa línea, el jueves 22 Guarco comentó acerca del creciente reconocimiento hacia el modelo socioempresarial cooperativa de parte de distintas organizaciones de Naciones Unidas, como la OIT y la FAO, así como del lugar preponderante que tiene en ese escenario nuestro país. “El nuestro es considerado uno de los sistemas cooperativos más completos y diversificados del mundo.”

Los diputados escucharon atentamente y valoraron la diversidad sectorial así como la capilaridad territorial de las cooperativas a lo largo y ancho del país. También consultaron y comentaron acerca de las deudas pendientes en materia legislativa y políticas públicas.

Mencionaron, entre otros puntos, la necesidad de volver a considerar a las cooperativas dentro del segmento pyme para que puedan acceder al certificado correspondiente, el estatuto de cooperativas del Mercosur y la posibilidad de autoadministrar los recursos provenientes del fondo de educación y promoción cooperativa.

Estas propuestas van en el sentido de lo que promueve precisamente la ONU al poner a ese modelo en el centro de la escena. En la resolución que proclama al 2025 como Año Internacional de las Cooperativas, se indica que las cooperativas promueven la máxima participación posible en el desarrollo económico y social de las comunidades locales y de todas las personas.

“Somos el movimiento humano integrado más grande del planeta, con más de 1200 millones de miembros en todos los continentes, apostando a un modelo que está centrado en las personas para llevar adelante las transformaciones de la sociedad que son necesarias”, definió Guarco.

La ONU señala también que estas empresas son importantes para apoyar políticas de inclusión social, particularmente en los países en desarrollo, y que pueden contribuir de manera importante a la mejora de la seguridad alimentaria y a la situación económica de las mujeres, así como al fomento de sus capacidades, incluidas la educación y la formación en competencias clave.

En el mismo sentido, la OCDE reconoció a las organizaciones de la economía social por desempeñar una función precursora en la formación de sociedades inclusivas y comunidades locales fuertes, por sentar las bases de una industria más sostenible y facilitar una transición verde y digital equitativa.

“Se trata de empresas sólidas, consolidadas y que expresan un modelo basado en principios y valores puestos en acción”, remarcó el presidente de Cooperar, quien invitó a los legisladores a realizar en 2025 una actividad en conjunto con el objetivo de “examinar y hacer propuestas en legislación acordes a lo que expresa la comunidad internacional de promover y facilitar la creación, desarrollo y actividad de las cooperativas en Argentina”.

En relación con el 2025 y la iniciativa de Naciones Unidas, el presidente de la comisión, Eduardo Toniolli, presentó un proyecto de declaración de interés de la del Año Internacional de las Cooperativas en el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional la adhesión a la celebración y la observancia de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la materia.

La legisladora se reunió durante una hora con el presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, quien estuvo acompañado por el tesorero de la confederación, Cristian Horton; el secretario, Ricardo López; y el vicepresidente, Alberto Bavestrello.

También estuvieron Gisela Wild -prosecretaria de Cooperar- y Federico Ferrero, referentes de la federación santafesina de cooperativas eléctricas, Fescoe.

Esa entidad de segundo grado impulsó junto con Giorgi la incorporación de Fuentes a la Red de Municipios Cooperativos, cuando la actual diputada tenía a su cargo la intendencia de esa ciudad santafesina.

En efecto, su compromiso con el sector cooperativo y el rol de este modelo para el desarrollo local fue uno de los antecedentes tomados en cuenta a la hora de ser postulada por el bloque radical como autoridad de la comisión encargada de los temas cooperativos en la cámara baja nacional.

Fue durante una reunión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados de la Nación, el 26 de junio, en la cual distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron sus inquietudes, demandas y propuestas.

Mansilla contó que existen unas 3 mil cooperativas de base en distintas provincias que trabajan sobre esta problemática y que es necesario federalizar las políticas habitacionales. La cooperativa Falucho, por ejemplo, tiene cinco décadas de trayectoria en de Tandil, provincia de Buenos Aires, donde lleva construidas 3300 casas y sigue adelante con varios proyectos.

“Es muy incómodo tener que venir de un pueblo del Interior a Buenos Aires a conseguir una casa”, consideró Mansilla. En ese sentido, puso a disposición la Red de Municipios Cooperativos, impulsada por Cooperar junto a sus federaciones asociadas para trabajar junto con las intendencias en soluciones para las comunidades.

Además, pidió avanzar en marcos normativos que den estabilidad a los fondos de asistencia como el FoNaVi, que sumado a otros instrumentos coparticipables pueden lograr un mejor anclaje territorial de las políticas de vivienda.

El directivo de Cooperar y de la Unión Nacional de Cooperativas de Vivienda (Unicoop) agregó que hay unas dos mil cooperativas de trabajadores de la construcción que también son un eslabón importante para resolver este déficit.

“Las cooperativas somos parte y ejemplo de un país federal, democrático y participativo que está en el ADN argentino y queremos ser parte de las decisiones fundamentales como la política de vivienda.”